11:11 la Redacción |Foto Agencia MVT / Archivo| La Jornada |Ciudad de México. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) saludó la reaprehensión de los militares supuestamente involucrados en la matanza de Tlatlaya, pero alertó que dicha acción “no agota los pendientes de la justicia en el caso”, pues “sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el número de víctimas y se investigue la cadena de mando”.
En una serie de mensajes en redes sociales, la organización civil recordó que tras el asesinato de 22 personas en el mencionado municipio del Estado de México, ocurrido el 30 de junio de 2014, una de las sobrevivientes de los hechos y la madre de una de las víctimas dieron su testimonio y contradijeron la versión oficial de que se había tratado de un enfrentamiento, lo que llevó a documentar la existencia de ejecuciones extrajudiciales.
“La Procuraduría General de la República presentó cargos contra siete militares por la ejecución de ocho personas”, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional en todo momento negó que sus elementos hubieran ejecutado a las personas que murieron ese día.
“Una vez que los militares fueron detenidos, se les dictó auto de formal prisión. Sin embargo, un tribunal de segunda instancia revocó esta determinación en 2016. Familiares de las víctimas presentaron un amparo en contra del auto que ordenó la libertad de los militares. El Tribunal Colegiado que lo resolvió en 2019 ordenó tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje desestimado”, abundó el Prodh.
La organización recordó que en 2015 logró documentar que la tropa que intervino en Tlatlaya había recibido la orden de “abatir en horas de oscuridad”, sin que hasta el momento se haya investigado a fondo la cadena de mando de esta orden.
El Prodh señaló que la reaprehensión de los militares es una medida “relevante” que no se hubiera logrado sin la presión de las víctimas, pero enfatizó que ello “no agota los pendientes de la justicia en el caso: sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el número de víctimas y que se investigue la cadena de mando de la orden de abatir”.
